La administración pretende limitar los medicamentos a los que puede acceder un paciente residenciado.
El verdadero objetivo de la administración con este decreto no es otro que ahorrar en las prestaciones farmacéuticas de los ciudadanos que viven en residencias de mayores. Este ahorro se produce gracias al recorte de arsenal de medicamentos a los que podrían acceder nuestros mayores en las residencias.
Con el modelo sanitario actual el médico elige el medicamento más adecuado para cada paciente. Con la guía farmacoterapéutica solo podría elegir uno de los medicamentos recogidos en dicha guía, en los que el factor precio sería el criterio básico de selección por parte de la administración.
Esto establece una discriminación sanitaria flagrante del colectivo de pacientes vascos residenciados en comparación con el resto de los ciudadanos vascos que viven en sus domicilios y con el resto de los residenciados del resto del país.
Esta discriminación ya está operativa desde hace años en dietas y pañales, que se suministran directamente por el departamento de salud en función de las marcas que ganan la subasta.