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Vamos a recurrir el decreto

El martes 5 de marzo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el DECRETO 29/2019, de 26 de febrero, sobre servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las residencias para personas mayores ubicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bajo la apariencia de una simple disposición que regula la prestación farmacéutica a las residencias de mayores se esconde un verdadero caballo de Troya que pretende cambiar de manera irreversible el modelo sanitario en Euskadi.

Este decreto discrimina a los mayores vascos que deciden residir en centros de mayores públicos o en centros privados de más de 100 camas. Estos ciudadanos ya no disfrutarán de acceso a todo el catálogo de medicamentos de la sanidad pública, sino solo aquellos que recoja la "guía farmacoterapéutica". Esta guía es la herramienta clave que permite a la administración reducir la inversión que realiza en la salud de los ciudadanos, permitiéndole sustituir tratamientos de última generación por otros medicamentos más baratos. La administración pretende equiparar los pacientes que viven en residencias con los pacientes hospitalizados, en los que se admite por ley el la aplicación de restricción de su tratamiento farmacológico. Desde ASDESANE queremos dejar claro que un paciente residenciado no es un paciente hospitalizado. Un paciente residenciado es un ciudadano que vive voluntariamente en un centro donde encuentra una salie de facilidades adaptadas a su edad y necesidades. Defendemos que un ciudadano vasco no puede perder sus derechos el día que atraviesa el umbral de la residencia. Es discriminatorio respecto al resto de ciudadanos vascos y respecto a la mayoría de comunidades autónomas donde no se aplican estas restricciones.

Este cambio de modelo sanitario posibilita a la administración a saltarse el canal farmacia y suministrar directamente la medicación a los colectivos más vulnerables, y por tanto de mayor gasto sanitario para el Departamento de Salud. Hoy son los mayores de las residencias y mañana podrán ser colectivos de pacientes crónicos a los que se restrinja la libre elección por parte de su médico del tratamiento más adecuado. Desde ASDESANE defendemos una sanidad solidaria. No hay mayor injusticia que discriminar por objetivos presupuestarios los derechos sanitarios de nuestros mayores, que son el colectivo que más ha trabajado para conseguir el modelo sanitario del que ahora todos disfrutamos.

El plan de Gobierno Vasco pasa por montar una "factoría de medicación" en un polígono de Galdakao para servir la medicación de los pacientes residenciados de toda Euskadi, estableciendo un modelo industrial y robotizado para atender las necesidades de los mayores. La memoria económica presentada para financiar esta inversión no refleja más de una décima parte de los recursos públicos que va a requerir la puesta en marcha de esta factoría. Es difícil de entender tal gasto público para realizar un servicio que ya es prestado de manera gratuita por más de 200 farmacias de esta comunidad autónoma. Las farmacias ofrecen cercanía con el equipo sanitario de la residencia, inmediatez en el servicio y una atención farmacéutica a los mayores que va a ser imposible de replicar por un sistema que cambia sanitarios por robots dispensadores. Desde ASDESANE defendemos una sanidad asistencial donde la farmacia siga en contacto con el paciente, asegurando el acceso igualitario y universal a los medicamentos.

En ASDESANE creemos que los responsables de la administración sanitaria deben de poner el foco en las necesidades de los colectivos más vulnerables. Y deben mantener y mejorar el actual modelo sanitario de Euskadi, hasta ahora uno de los mejores valorados a nivel internacional. Sin embargo con decretos como el actual dejan claro que sus prioridades son presupuestarias y que están dispuestas a discriminar los derechos sanitarios de los pacientes con este objetivo monetarista.

Las experiencias en otras comunidades autónomas nos han de servir como ejemplo para no repetir los mismos errores. El decreto similar aprobado por la Junta de Andalucía ha sido anulado por los tribunales en su totalidad por ilegal. En Valencia se pusieron en marcha la factoría de mdicación ya acabaron echando para atrás el modelo por ineficaz, perdiéndose de manera irresponsable los fondos públicos empleados.

Por eso desde ASDESANE vamos a recurrir un decreto que no es necesario, que discrimina y empeora la asistencia sanitaria a nuestros mayores, que derrocha fondos públicos, que limita la actuación sanitaria del médico geriátrico y del farmacéutico comunitario y que destruye empleo en nuestra comunidad.

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